El Gobierno acusa a la federación catalana de apropiarse de 700.000 euros de los permisos vendidos en 2008 * Medio Ambiente procede a la ejecución de la deuda * La deuda puede obligar a la federación a disolverse * Medio Ambiente: «Usaremos la fuerza de la hacienda pública»
Las cosas no van bien en la Federación Catalana de Pesca Deportiva y Casting, que tiene unos 300.000 practicantes. La Generalitat reclama a la entidad 700.280,02 euros de los permisos de pesca que la federación vendió en 2008, cantidad que no regresó al erario. Se trata de dinero público, unos tickets que la Generalitat emite para pescar en los lugares donde está controlado. El Gobierno autónomo ha procedido ya a la ejecución de la deuda, lo que supone el embargo en caso de que no paguen.
El 11 de noviembre de 2009, el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat envió a la federación una carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que daba un plazo de 10 días para devolver los permisos no recaudados. El tiempo ha expirado y la federación sigue sin pagar.
Su presidente, Albert Vidal, reconoce que existe una deuda. Pero matiza que no es sólo de la federación. «Hay 350.000 euros que son de varias sociedades, que nunca pagaron a la federación», explica. Hasta el año pasado, la entidad recibía los talonarios con los permisos de pesca, que repartía entre sus 270 sociedades, que a su vez los vendían a los pescadores, muchas veces en bares cerca de los ríos (ahora se venden por Internet, en el 012 y en sedes territoriales). Las sociedades morosas serían una docena.
Según la versión del presidente de la federación, todavía habría 350.000 euros por justificar. Vidal culpa al anterior responsable de la entidad, Lluís Pujal, de pagar a los vigilantes fluviales con dinero de las tasas sin consultar con nadie. Pujal admite que ese dinero fue a parar al servicio de vigilancia de los ríos, pero recuerda que Vidal formaba también parte de la junta cuando se hizo.
Una responsable del Departamento de Medio Ambiente lo niega: «Nunca han aportado facturas. Además, lo que más nos ha costado saber es la deuda, porqe no nos daban información». Y hace hincapié en la gravedad de la situación: «Es dinero público que el ciudadano ha pagado por una tasa pública. Se obligará a pagar con la fuerza que tiene la hacienda pública».
Hasta la llegada del tripartito al gobierno catalán en 2004, las tasas por los permisos de pesca iban a parar casi íntegramente a la federación. El Gobierno, entonces en manos de CiU, firmó un convenio por el cual recibía sólo un 10% de ese dinero. Cuando ICV asumió Medio Ambiente, exigió el pago íntegro de las tasas al tesoro público y después daba un 10% de ese dinero a la entidad por la gestión de la venta de tickets, además de subvenciones.
La deuda de más de 700.000 euros deja a la federación en una situación muy complicada. La Secretaría de Deportes asume incluso que pueda acabar disolviéndose, pero explican que es una decisión que deberá tomar la propia federación. «Les ayudaremos y, en caso de que se disuelva, nos haremos cargo de la parte deportiva, hablando con entidades para asegurar que la pesca siga como deporte», dice un portavoz.
Vidal no tira la toalla: «La federación se salvará». Lo primero será exigir a cada sociedad que liquide lo que debe, empezando por la de Guingueta-Espot, a la que exigen 39.007,50 euros de los años 2007 y 2008. Vidal se la reclama directamente al que entonces era su presidente, José Luis Bruna. En la actualidad, Bruna preside la Federación Española de Pesca y Casting.
Los 700.000 euros es el último episodio de una historia de opaca gestión. Los guardias fluviales, que se encargan de la limpieza y la gestión del río, se han quejado de que no cobraban, a pesar de que se supone que a ellos iba parte del dinero de las tasas. Desde marzo de 2009, dependen de Medio Ambiente.
54.000 euros en gasolina
El ex presidente de la Federación Catalana de Pesca Deportiva y Casting, Lluís Pujal, de 72 años, lleva media vida ligado a la entidad. Al menos durante 15 años ha sido su presidente. En febrero de 2010 recibió una carta de la misma, en la que le acusan de apropiarse indebidamente de 54.000 euros. Él asegura que son gastos de gasolina desde 1995, que empezó a cobrar en 2007 a través de varias transferencias bancarias de 6.000 euros.
A Pujal le parece una jugada de mal gusto. «Me acusan de ladrón», se queja, indignado. «Como iba a dejar la presidencia, dije que iba a cobrar la gasolina de los viajes [desde Sort, en Lleida, a Barcelona]. Le consta a todo el mundo que he puesto dinero de mi bolsillo en la federación. Y tengo copia de los cobros de la caja», aduce.
El actual presidente, Albert Vidal, le pide que presente esos justificantes. Pujal les ha denunciado por hacer pública la carta en la última asamblea de la federación.
Crònica de Rebeca Carranco des de Girona
Font: EL PAÍS-CATALUNYA, divendres 28 de maig del 2010 (enllaç)
